El TSJ de Catalunya anula la sanción de dos meses de empleo y sueldo impuesta a un Funcionario

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, mediante sentencia nº 733/2016 de 9 de Noviembre, estima el recurso de Apelación interpuesto por nuestros servicios jurídicos, y anula la sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 16 de Barcelona,  y por tanto la sanción de 2 meses de suspensión de salario y funciones, impuesta a un funcionario del Cos de Mossos d’Esquadra.

1. Querella previa por mobbing.

Los hechos anteriores al expediente disciplinario impugnado, se remontan a una querella previa interpuesta por diferentes agentes de ARRO contra sus superiores jerárquicos por «mobbing», la cual se encuentra actualmente en tramitación en el juzgado de instrucción nº 5 de Tarragona.

2.- Sorprendentemente la Administración sanciona a los funcionarios que sufrían mobbing.

La Dirección General de la Policía sancionó al funcionario co-denunciante de la querella anteriormente indicada por mobbing, por aportar, como uno de los diferentes medios de prueba de los cambios injustificados que sufría, unos cuadrantes horarios colgados en la comisaría, confeccionados por los propios superiores jerárquicos investigados por el citado acoso o «mobbing».

La Administración entendió que esta acción, la aportación del documento a la querella, implicaba un incumplimiento del deber de reserva profesional de los asuntos encomendados por razón de su cargo o ejercicio de sus funciones, al tratarse de una documento interno y policial, y sancionó con dos meses de salario y suspensión de funciones al trabajador.

3.- La justicia ya había fallado a nuestro favor en un tema similar.

Se ha de destacar que el juzgado contencioso-administrativo nº 17, en el año 2015,  había estimado otro recurso interpuesto por nuestros servicios jurídicos contra otro de los querellantes, por idéntica acción.

En esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y su ponente Dª María Abelleira Rodrígues, estima el recurso de apelación interpuesto por nuestros servicios jurídicos,  sobre la base, fundamentalmente, de dos argumentos:

1.- “Que esos cuadrantes y listados estaban colgados en el tablón de anuncios de la Comisaría, y era para el conocimiento y acceso de los integrantes de la Unidad referida, y por tanto son datos internos que no tienen relación con la función policial tal y como estrictamente la conocemos”

4.- Conclusión. Distinción entre documentos policiales y no policiales. Nulidad de la sanción.

Es decir, que una cosa es difundir o aportar la información de una minuta o procedimiento policial, y otra bien diferente,  aportar cualquier documento no policial que se encuentre en comisaría, no vinculado a los anteriores procesos o información contenida en los mismos.

2.- “El  conocimiento del funcionamiento u organización de un servicio puede ser un dato fundamental para articular una acción penal sustentada en un ilícito recogido en el Código Penal. (…).

«El conocimiento de esas informaciones por parte del órgano judicial no supone romper la finalidad de reserva o sigilo como sostiene la sentencia puesto que el juez y el Ministerio Fiscal, así como las demás partes personadas, han de observar las garantías de protección del contenido pues así lo establecen las leyes. Por tanto no se ha producido publicidad de los datos contenidos en los listados y cuadrantes».

(…) La información no fue utilizada por el actor para cualquier fin, sino para el fin legítimo y protegido de acudir a la vía penal en defensa de sus derechos ,y este fin no es un fin particular como mantiene la sentencia sino un fin de defensa del entorno laboral al que también está llamado a proteger el Ministerio Fiscal.

Javier Aranda Guardia.

ICAB 27.995.

 

 

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